Carta al Comisario Barnier – COMUNICADO
MARIA IRIGOYEN INSTA A LA UE A ACTUAR EN DEFENSA DE FACUA ANTE LAS AMENAZAS DEL GOBIERNO
En una carta dirigida al comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, la eurodiputada socialista María Irigoyen denuncia las amenazas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la asociación de defensa de los consumidores FACUA, por criticar los recortes del Gobierno español e insta al Comisario a emprender acciones.
Irigoyen ha calificado de «abusiva y chantajista» la misiva dirigida por la presidenta del Instituto Nacional de Consumo a la asociación Facua en la que insta a la retirada, en un plazo de 15 días, de la campaña de protesta, y amenaza con la retirada de su calificación de asociación de consumidores y, por tanto, su correspondiente derecho a subvenciones estatales.
«Se trata de un acto intimidatorio sin precedentes, sin fundamento jurídico alguno», ha denunciado Irigoyen, señalando que, «con esta acción, los responsables del Ministerio que lidera la Sra. Mato, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos y atentan contra la democracia».
Por ello, la eurodiputada socialista y miembro de la comisión de Mercado Interior y Derechos del Consumidor de la Eurocámara, reclama a las autoridades europeas una «actuación inmediata en defensa de los derechos fundamentales de los consumidores».
Irigoyen ha calificado de «abusiva y chantajista» la misiva dirigida por la presidenta del Instituto Nacional de Consumo a la asociación Facua en la que insta a la retirada, en un plazo de 15 días, de la campaña de protesta, y amenaza con la retirada de su calificación de asociación de consumidores y, por tanto, su correspondiente derecho a subvenciones estatales.
«Se trata de un acto intimidatorio sin precedentes, sin fundamento jurídico alguno», ha denunciado Irigoyen, señalando que, «con esta acción, los responsables del Ministerio que lidera la Sra. Mato, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos y atentan contra la democracia».
Por ello, la eurodiputada socialista y miembro de la comisión de Mercado Interior y Derechos del Consumidor de la Eurocámara, reclama a las autoridades europeas una «actuación inmediata en defensa de los derechos fundamentales de los consumidores».
En los últimos meses, el caso de las participaciones preferentes de algunos bancos españoles ha evidenciado una operación bancaria de considerable impacto. A primera vista, no parece muy lógico que alguien decida invertir en unos bonos cuyo plazo de vencimiento tendrá lugar en el año 3.000. Sin embargo, se trata de un caso real. La Directiva europea sobre mercados de instrumentos financieros es clara al respecto: obliga a los bancos a comprobar si sus clientes saben qué contratan cuando están adquiriendo estos productos financieros denominados “complejos”. Por el contrario, al final una mezcla de desconocimiento por parte del cliente, una mala praxis informativa sobre lo que se vende en un sector especialmente enredado y cierta confianza ciega depositada en quien ofrece el producto, desemboca a menudo en una situación en la que una de las partes se enfrente a una clara desprotección como consumidor.
